El Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró ayer miércoles que España vulneró los derechos políticos de los dirigentes separatistas del gobierno y el parlamento regional catalán al suspenderlos de sus funciones tras el intento de secesión de 2017.
El dictamen responde a una denuncia en diciembre de 2018 de cuatro antiguos miembros del gobierno regional del separatista Carles Puigdemont, que entonces estaban encarcelados a la espera de ser juzgados por el referéndum ilegal y la declaración de independencia de octubre de 2017.
Después de esa declaración, el gobierno español, entonces dirigido por el conservador Mariano Rajoy, intervino la autonomía regional y disolvió el gobierno y el parlamento catalanes.
Desde la cárcel o el exilio, los antiguos miembros del gobierno catalán consiguieron ser reelegidos en el Parlamento regional en las siguientes elecciones, pero meses después fueron suspendidos de sus cargos por la justicia.
El comité considera que “las restricciones de los derechos políticos deben aplicarse con mayor rigor si estas restricciones se producen previamente, y no posteriormente, a una condena por un delito”, señala Hélène Tigroudja, miembro de este organismo citada en un comunicado de la ONU.
Los dos discrepantes
El dictamen, que cuenta con dos votos discrepantes, pone de relieve que la suspensión de sus cargos estuvo motivada por la acusación del delito de rebelión contra ellos, de la que finalmente no fueron declarados culpables.
“La acusación en contra de los demandantes por el delito de rebelión, que resultó en la suspensión automática de sus cargos con anterioridad a la existencia de una condena, no era previsible y, por tanto, no se basaba en motivos previstos por la ley que sean razonables y objetivos”, indicó el comunicado.
