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La lucha constante de los migrantes por conservar sus derechos

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«El derecho a la vivienda no está garantizado en España y aún menos para los migrantes» ilustra Andrea Jarabo de la asociación española Provivienda, quien recuerda que el 49% de las personas que viven en la calle pertenecen a este colectivo que también sufre barreras xenófobas en la búsqueda de casa y en el contacto con sus vecinos.

Varios expertos aseguran a EFE con motivo de la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos que las personas que dejan atrás sus países para buscar una vida mejor, en muchas ocasiones ven ese sueño truncado y sus derechos lastrados.

Jarabo, responsable de comunicación e incidencia de Provivienda, explica a EFE que llevan años trabajando para denunciar este tipo de situaciones que han dejado registradas en informes donde los migrantes narran que en muchas ocasiones la única vía para alquilar es a través de una persona española.

«Una de cada siete agencias inmobiliarias aceptan que ponen trabas a los migrantes», se queja al tiempo que matiza que a las trabas generalizadas para toda la población (como los altos precios o la falta de vivienda pública) «se suman otras dificultades como prejuicios o desconocimientos» hacia este colectivo.

Jarabo cuenta que la falta de acceso a una vivienda digna tiene consecuencia directa con otros derechos como la salud o la educación, ya que los niños y adolescentes «que no tienen una vivienda adecuada también afecta al nivel de estudio porque no tienes un lugar de estudio donde hacer los deberes o leer adecuadamente».

Pese a ello, aplaude los avances legales que se han producido en los últimos años en España, como la aprobación de la Ley de Igualdad de trato y no discriminación, para evitar estas situaciones contra la población migrante e «incorpora la cuestión de la vivienda».

LOS DERECHOS LGTBI QUE TAMPOCO SE RECONOCEN A LOS MIGRANTES 

Lourdes Gómez, responsable de incidencia de la asociación Kif Kif de ayuda a población migrante LGTBI, destaca la falta de protección en España a la población «transmigrante» que llega al país europeo.

La ley trans española lleva meses siendo debatida en el parlamento nacional no sin polémica entre los partidos del Gobierno de coalición (el Partido Socialista y Podemos) y con duros choques con parte del feminismo.

Según Gómez, esta ley «es un claro ejemplo de la desprotección que sufren las personas transmigrantes» ya que, tal como está redactada ahora, establece que las embajadas y consulados españoles en el extranjero deben «constatar» que estas personas no han podido realizar los cambios nominales o físicos en sus países de origen.

Tal como explica, llevar a cabo estas modificaciones «puede suponer bastante riesgos» en muchos países del mundo además de poder ser «costoso» o ilegal.

Por otro lado, la responsable de incidencia de Kif Kif incide en la pérdida de derechos laborales de las personas trans en el país de destino, en este caso en España.

«Si ya el 80% de las personas trans españolas no acceden al mercado laboral, esto se agrava cuando hablamos de personas migrantes, que a veces también están indocumentadas», asume.

Una serie de situaciones acumuladas que generan «una espiral de vulnerabilidad» y «condena en muchas ocasiones a hacer un trabajo sexual que las invisibiliza y estigmatiza».

LA SANIDAD, UN DERECHO UNIVERSAL QUE TARDA MUCHO EN LLEGAR 

Gómez apunta a que el hecho de que muchas personas migrantes transexuales acaben en la prostitución genera también «problemas de salud».

«Es una espiral donde se ven en un marco de no derechos y las deja totalmente desprotegidas, desde que no tienen documentación para hace trámites ni ser ciudadanas de pleno derecho», declara.

Así, denuncia que en el caso de «las enfermedades de declaración obligatoria» (aquellas transmisibles que los médicos están obligados a notificar por ser de especial importancia para la comunidad) como el VIH, existen trabas para obtener los tratamientos.

En esa misma línea se expresa Mohammed Elahi Alam Alam, presidente del colectivo Valiente Bangla que lucha por los derechos de la población Bangladeshí en España pero también por ciudadanos de otros países.

«Un migrante llega y no tiene derecho a la sanidad», resume Elahi quien explica que para obtener una tarjeta sanitaria «esperan casi un año» por las trabas burocráticas de muchas regiones.

Si ese tiempo, «tienes un dolor o problemas graves, vas al hospital y te facturan»: «es una vergüenza, no hay derecho».

El bangladeshí critica que en el caso de reunificación familiar también se niegue la asistencia a la persona que acaba de llegar.

«Si viene una mujer a reunirse con su marido, que tiene trabajo, alta en la Seguridad Social, tarjeta sanitaria, cuando llega su mujer tiene papeles pero cuando va al centro de salud no le dan cita», lamenta. 

 



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