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La jueza de Arizona no suspenderá el fallo que detuvo todos los abortos

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Una jueza de Arizona se negó el viernes a poner en suspenso su orden que permitía la aplicación de una ley previa a la estadidad que convertía en delito realizar un aborto, y dijo que es poco probable que los grupos defensores del aborto que le pidieron que bloquee la orden prevalezcan en la apelación.

El fallo de la jueza de la corte superior del condado de Pima, Kellie Johnson, significa que los proveedores de servicios de aborto del estado no podrán reiniciar los procedimientos. Los abortos se detuvieron el 23 de septiembre cuando Johnson dictaminó que se debe levantar una orden judicial de 1973 para que se pueda hacer cumplir la ley de la era de la Guerra Civil.

El fiscal general republicano, Mark Brnovich, buscó la orden de levantamiento de la medida cautelar. Los abogados de su oficina le dijeron al juez que, dado que la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. del 24 de junio dijo que las mujeres no tienen el derecho constitucional a abortar, no había ninguna razón legal para bloquear la ley anterior.

Planned Parenthood y su filial de Arizona habían instado a Johnson a mantener la orden judicial emitida poco después de que se decidiera Roe v. Wade en 1973. Argumentaron que las leyes promulgadas por la Legislatura estatal en los siguientes 50 años deberían tener prioridad.

Los abogados de Planned Parenthood le pidieron el lunes a Johnson que suspendiera su fallo para permitir una apelación.

Antes del fallo del viernes pasado que permitía la aplicación de la antigua ley, los abortos eran legales en Arizona hasta que el feto fuera viable, generalmente alrededor de las 24 semanas de embarazo. Pero el sábado entró en vigor una ley promulgada por la legislatura estatal la primavera pasada que prohíbe el aborto a las 15 semanas.

El gobernador Doug Ducey ha dicho que la ley tiene prioridad, pero sus abogados no buscaron argumentar esa posición en la corte. Brnovich y algunos legisladores republicanos insisten en que la antigua ley está vigente.

Brittany Fonteno, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood of Arizona, dijo que estaba “indignada” por el fallo.

“Es inadmisible que los arizonenses se despierten todas las mañanas y sus funcionarios electos hagan declaraciones contradictorias sobre qué leyes están vigentes o afirmen que no saben y, sin embargo, la corte se ha negado a brindar claridad o alivio”, dijo Fonteno.

Algunas clínicas en Arizona han estado remitiendo pacientes a proveedores en California y Nuevo México desde que Johnson levantó la orden judicial de la antigua ley, y estaban preparados para reiniciar los abortos. La ley previa a la estadidad conlleva una sentencia de dos a cinco años de prisión para los médicos o cualquier otra persona que ayude en un aborto. El año pasado, la Legislatura derogó una ley que permitía acusar a las mujeres que buscan abortar.

Ashleigh Feiring, enfermera del proveedor de servicios de aborto Camelback Family Planning en Phoenix, dijo que su oficina seguirá buscando formas de atender a los pacientes.

“Estamos tratando de pensar en todo lo que podamos para obtener lagunas en la ley”, dijo Feiring el viernes, y agregó que la instalación estaría dispuesta a proporcionar el procedimiento una vez más.

Feiring dijo que su oficina continúa brindando atención posterior al aborto espontáneo y brinda a los pacientes ultrasonidos para que sepan cuántas semanas de embarazo pueden tener. Eso es importante, porque las píldoras abortivas solo se pueden usar en las primeras 10 a 12 semanas de embarazo.

Feiring dijo que algunas pacientes pueden obtener una receta de píldora abortiva de un proveedor en Suecia y obtenerla por correo en una farmacia en India, pero eso toma alrededor de tres semanas. La ley de Arizona prohíbe la entrega de la píldora abortiva por correo, y los proveedores de EE. UU. generalmente no correrán ese riesgo.

Desde que se anuló Roe, Arizona y otros 13 estados han prohibido los abortos en cualquier etapa del embarazo. Alrededor de 13,000 personas en Arizona abortan cada año, según informes del Departamento de Servicios de Salud de Arizona.



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