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Haití vivió una jornada de tímida calma tras una semana de violencia

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Una tímida reanudación de actividades se produjo este sábado en la zona metropolitana de la capital de Haití, luego de una semana de manifestaciones violentas para exigir la renuncia del primer ministro, Ariel Henry, y el rechazo al aumento en el precio de los combustibles.

Varios vehículos del transporte público fueron vistos cubriendo sus rutas, mientras los mercados públicos y supermercados lucieron abarrotados de personas que buscaban abastecerse de agua y alimentos en una ciudad que acusa una grave escasez del líquido y de los combustibles por los tres últimos meses.

En los quioscos de venta de agua potable y en los supermercados se observaron largas filas de personas. En muchas zonas, la Policía Nacional retiró la noche del viernes las barricadas levantadas por los manifestantes para facilitar la reanudación de las actividades.

El titular de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, Guito Edouard, consideró «imprescindible» el establecimiento de un «corredor humanitario especial para el paso de personal o empleados» de su institución.

«Actualmente, existe un problema con la distribución de agua potable en todo el país, y en particular en la región metropolitana de Puerto Príncipe», dijo el funcionario en un comunicado, en alusión al control de amplias zonas de la capital por parte de bandas armadas.

PROTESTAS VIOLENTAS

Esta semana, miles de manifestantes tomaron las calles de Puerto Príncipe y ciudades de provincia como Gonaïves, Les Cayes, Jérémie y St-Marc exigiendo la salida de Henry y causando la paralización del comercio, de oficinas, empresas y bancos.

Las manifestaciones se intensificaron el lunes, pocas horas después del anuncio de la subida del precio de los combustibles por parte de Henry, en un mensaje a la nación la noche del domingo.

En Gonaïves, ciudad del noroeste de Haití, las dependencias de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) fueron saqueadas el viernes, al igual que varios centros de enseñanza como el Inmaculada Concepción (CIC), el Santa Familia o la universidad pública UPAG, y también la productora de bebidas gaseosas La Brasserie la Couronne.

La víspera fueron Caritas y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) los atacados en esta localidad.

EL SENADO PIDE DIÁLOGO

En un mensaje a la nación este sábado, el presidente del Senado, Joseph Lambert, afirmó que los «gritos del pueblo» han llegado a sus oídos admitiendo que la situación es crítica. El legislador denunció los hechos de violencia perpetrados en las manifestaciones.

Lambert planteó un espacio de 15 días para que los actores políticos y sociales alcancen un acuerdo «que saque al país» de la situación en la que se encuentra.

En ese orden, dijo que se debe discutir en torno a varios aspectos «fundamentales»: la creación de un Consejo Superior de la Transición, establecer un nuevo Gobierno, y el fortalecimiento del Poder Judicial.

«Hay que lograr el rescate nacional», dijo, instando al primer ministro, Ariel Henry, a que pase de «las palabras a los hechos», cuando dice que está abierto al diálogo.

LA POLICÍA LLAMA A LA CALMA

En una nota publicada este sábado, la Policía Nacional de Haití llamó a la calma a la población, mientras continúa «tomando el control de la situación de malestar generalizado que reina en varias ciudades del país».

Barricadas, piedras, postes eléctricos rotos, llantas quemadas, botellas y hierros forjados esparcidos por amplias zonas complican aún más la labor de la Policía para llevar asistencia a las personas que la necesitan, dijo el organismo en su cuenta de Facebook.

«La gente quiere ir al hospital, la gente quiere que el agua y la comida lleguen a su barrio o al menos la gente necesita que la Policía intervenga rápidamente para evitar que otros individuos vengan a atacar o destrozar su negocio», agregó la institución.

Este viernes se celebró una reunión entre el director general de la Policía Nacional, Frantz Elbé, y el alto mando de la institución con el fin de evaluar y ver cómo mejorar el plan de seguridad «para restablecer el orden en el país, especialmente en el marco de los movimientos de protesta».



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