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Gobierno da auxilio financiero a la JCE

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La Junta Central Electoral (JCE) recibirá RD$4,000 millones adicionales para organizar la logística de las primarias de los partidos el próximo mes de octubre y las elecciones de febrero y mayo del próximo año.

De acuerdo con declaraciones de Román Jáquez Liranzo, presidente del órgano electoral, la entidad recibió RD$2,000 millones acreditados al 2022, producto de una “nivelación presupuestaria” realizada por el Poder Ejecutivo a finales de diciembre. De esa cantidad 500 millones de pesos serán para asumir deudas del pasado año.

A los RD$1,500 millones restantes se les suman otros RD$2,500 millones adicionales atribuidos por el Poder Ejecutivo para el montaje del próximo proceso electoral.

“Esto permitirá a la Junta Central Electoral trabajar con holgura los proyectos de compras, contrataciones y adquisiciones en ocasión de las primarias y de las elecciones del 2024”, indicó Jáquez Liranzo.

Agregó que sostendrán reuniones periódicas con el Ministerio de Hacienda para ver si se necesitarán más fondos, mediante un presupuesto complementario.

Explicó también sobre la digitalización del registro civil, para eliminar trabas burocráticas y que el país cuente con una ley moderna y referente de la región.

La información fue ofrecida por Jáquez Liranzo luego de una reunión celebrada ayer a puertas cerradas, entre el presidente Luis Abinader y el pleno de la JCE en el Palacio Nacional, que se extendió por más de dos horas.

En representación del presidente Abinader, el vocero y director de Estrategia y Comunicación, Homero Figueroa, indicó que el Gobierno “garantizará la seguridad económica” del montaje electoral.

Figueroa expresó que esta decisión refuerza el compromiso asumido por la gestión del presidente Abinader para fortalecer la institucionaloidad democrática, y puntualizó que la realización de las elecciones no está en riesgo.

Precisó que el monto asignado representa un incremento del 35% del presupuesto total de la JCE, en comparación con el 2019.

La reunión se produce luego de que durante los meses finales del 2022, Jáquez Liranzo manifestara en varias ocasiones que el presupuesto asignado a esa entidad para este año 2023, en el cual se inician las preparaciones para el próximo proceso electoral, era “insuficiente”.  Su reclamo fue secundado y apoyado por los partidos de oposición.

El presidente del órgano electoral se quejaba de que fueron solicitados unos RD$18,742 millones y en la ley general de Presupuesto del 2023 solo se le asignó RD$8,011 millones, lo que podría entorpecer en varios ámbitos el proceso electoral, que arranca este año con las primarias de las organizaciones políticas.

Reforma electoral

El otro tema tratado en la reunión con el presidente Abinader fue la reforma electoral y el actual estatus de las modificaciones a la ley 15-19, sobre Régimen Electoral, la cual está en una comisión de la Cámara de Diputados tras ser aprobadas en el Senado.

La JCE se quejó de las modificaciones aprobadas por el Senado y solicitó a los legisladores de la cámara baja “reconsiderarlas”, ya que se dejaron fuera “puntos fundamentales”, establecidos en la propuesta original del pleno del órgano electoral cuando depositó el proyecto de ley.

La pasada semana, el pleno de la JCE sostuvo que el Senado, en vez de reducir los topes de gastos de campañam los mantuvo igual a como están instituidos en la Ley vigente.

Expresó que tampoco se estableció la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes, lo que de haberse aprobado contribuiría con disminuir la incidencia de los intereses privados en la representación popular; crear condiciones de equidad en la contienda y facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campaña.

El Congreso Nacional también estudia la modificación de la Ley 38-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, y el presidente de la JCE también ha advertido sobre la necesidad de que liberen a esa institución de la responsabilidad de organizar los procesos internos de los partidos políticos.

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