Santo Domingo,-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), aseguro que el contrato de venta y negociaciones para la adquisición de los terrenos que albergan el denominado canódromo iniciadas en la pasada gestión gubernamental y concluidas en la actual gestión de gobierno, por el Banco Central y el actual ministro de Vivienda y Edificaciones, señor Carlos Alberto Bonilla Sánchez, es violatoria a las leyes y constitución dominicana.
La entidad cívica, explicó que ciertamente el Banco Central, a principios del mes de septiembre del año 2017, fijó el precio de 298 millones de pesos, dando así inicio a los aprestos para la venta de los terrenos del canódromo, el cual previamente había sido adquirido mediante proceso de liquidación de la entidad financiera hipoteca y pagaré, en el año de 1994, vía la Superintendencia de Bancos; y que luego de haber realizado varias publicaciones en su página web y en algunos periódicos de circulación nacional, hasta julio del 2020, procediendo así a dar por aceptada la propuesta la empresa CBS Developments Nuevas Terrazas, S. R. L.
De acuerdo con Justicia y Transparencia podría decirse que hasta el 6 de agosto todo se había iniciado sin grandes novedades, donde el dueño en un 99% de la empresa beneficiada, Ing. Carlos Bonilla, aún no era funcionario público, ni tampoco lo era el 17 de agosto del 2020, fecha en la que mediante el cheque de administración No. 454725, por valor de 89 millones, 400 mil pesos a nombre del Banco Central, concreta el pago inicial del 30%, solo restando unos 600 mil pesos, pagaderos en cheque por el señor Bonilla, más la promesa de pagar los restante 208 millones con un préstamos del Banco de Reservas, todo ello a nombre y representación de su empresa, CBS Developments Nuevas Terrazas, S. R. L.
Para Trajano Potentini, presidente de la FJT, las faltas y violaciones a las leyes y constitución de la república, emergen cuando el ministro Bonilla, disuelve o liquida en el 2021, la compañía beneficiaria, una práctica regular en las actividades comerciales del señor ministro, quien entró al gobierno con participación prioritaria, en más de 8 compañías, la mayoría con nombres similares, incluso algunas en la ciudad de Miami y Nueva York, informaciones que hemos obtenido por la colaboración de entidades, que en el plano de la investigación e inteligencia financiera y corporativa, desde Miami Florida, hacen causa común con la FJT.
Logrando posteriormente y en pleno ejercicio de sus funciones, desde el 18 de agosto del 2020, primero como Director del Instituto de la Vivienda y luego como Ministro de Edificación y Vivienda, el señor Carlos Bonilla, mediante otras de sus empresas, donde también posee el 99%, incluso vigente en todas sus facultades y esplendor, por lo menos hasta la referida fecha, enviándole el gerente de la compañía una comunicación, fechada el 19 de agosto del 2021, para que el Banco Central le consienta y complazca, con el traspaso del contrato a nombre de CBS DEVELOPMENTS S.R.L, una compañía que previamente también había sido liquidada, por el Señor Bonilla y constituida nuevamente en el 2018, pretensiones que fueron acogidas por el Banco Central.
Asimismo Potentini informó que todos los argumentos y afirmaciones que Justicia y Transparencia hace sobre el sonado caso se sustentan en la declaración jurada del propio Bonilla, en las páginas 7 y 8, relativo a las empresas en donde poseía o posee acciones, ratificada en la página 8, al 11 de agosto del 2021, fecha en que es designado como ministro, así como al registro mercantil No. 48205SD a nombre CBS DEVELOPMENTS S.R.L, Bonilla como firmante y accionista, vigente hasta el próximo febrero del 2023, y de manera principal al acta de asamblea de agosto del 2021, donde Bonilla ejerce todo su imperio como empresario de la construcción y dueño hegemónico, también de la nueva beneficiaria, autorizando y dirigiendo todo lo relativo al traspaso y negocio de la compra del canódromo ya transferido, como reiteramos a otra de sus empresas.
Otro punto a considerar y que debió haber sido atendido por el propio Banco Central, lo constituye el perjuicio estimado en más de 800 millones con la venta del canódromo, ello tomando en cuenta la publicación oficial del Catastro Nacional, como dependencia del Ministerio de Hacienda, con el tarifario de precios acordados para Santo Domingo, listando en su página 10, como promedio para el valor del terreno, ubicado en el sector de Altos de Arroyo Hondo, unos 7,500 pesos, los cuales aplicados a los 147,188.83 metros cuadrados, asciende a 1,103,916,225.00, restándole el precio acordado de 298 millones de pesos, para un excedente de 805, 916, 225.
De igual forma la participación de un ministro en funciones y accionando como empresario, caso concreto del señor Carlos Bonilla, implica la violación a la ley de función pública, No. 41-08, a la ley sobre compras y construcciones de bienes y servicios con el estado, No. 340-06, así como la constitución de la república, en sus artículos, 135, 138 y 146, numerales 1 y 2.
FJT lamenta políticos y empresarios por más de 20 años descuartizan al estado dominicano, mediante ventas, concesiones, fideicomisos, alquileres y otros.
Por otro lado, Potentini lamentó que, por más de 20 años, nuestra clase política y empresarial, haya actuado en connivencia, para descuartizar y despojar al Estado Dominicano de sus bienes, bajo diversas modalidades y subterfugios, desde ventas, concesiones, fideicomisos, hasta alquileres a precio de vaca muerta por tiempo renovable a 30 años, se recuerda los contratos para explotación minera, las venta de terrenos del CEA y otros (bahía de las águilas, terrenos del jardín memorial, los tres brazos), las donaciones a entidades religiosas y educativas, las concesiones de carreteras y peajes y ahora de forma creciente los Fideicomiso de grandes capitales y empresas, dada en administración por 30 años, comprometiendo incluso la gobernabilidad futura.
Finalmente, la FJT también citó las denuncias sobre las tabletas del censo, las auditorías de la Cámara de Cuentas, sobre un ministro de la pasada gestión en agricultura y de la rectoría de Iván Grullón, los libros electrónicos y la incursión del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), con comisiones multimillonarias en dólares, en el Ministerio de Educación y el vergonzante caso de la venta de visas, más de un millón, en apenas 7 años, sin que se hayan llenado los requisitos, y lo peor aún con los consulados cerrados, por la crisis haitiana, entre otros tantos. Al tiempo de exigir el empoderamiento del ministerio público, investigando y encauzando todas las denuncias, sobre todo tomando la palabra de la Procuradora Mirian German, quien en una ocasión informó, de que se estaban investigando, más de 400 casos, habiendo judicializado a la fecha, menos de diez casos de trascendencia.
