ESTADOS UNIDOS.- La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este martes que la controvertida restricción fronteriza conocida como Título 42, implementada bajo el gobierno de Trump, seguirá vigente mientras se resuelven los recursos legales pendientes. La medida garantiza que los funcionarios federales podrán seguir expulsando rápidamente a los migrantes en las fronteras de EE.UU. durante los próximos meses.
La decisión de 5 a 4 representa una victoria para los estados liderados por republicanos que instaron a la Corte Suprema a intervenir y bloquear la opinión de un tribunal inferior que ordenó ponerle fin al Título 42. La administración de Biden ha dicho que estaba preparada para el fin de la orden y que había tomado precauciones para protegerse contra la confusión en la frontera y cualquier posible oleada de inmigrantes.
La corte también acordó retomar la apelación de los estados esta legislatura. El tribunal dijo que escucharía los argumentos sobre el caso durante su sesión de alegatos que comienza en febrero de 2023.
Las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan dijeron que denegarían la solicitud, pero no explicaron su pensamiento. El juez conservador Neil Gorsuch también disintió y explicó sus argumentos en una orden a la que se unió la jueza liberal Ketanji Brown Jackson.
Gorsuch dijo que «no descarta las preocupaciones de los estados» sobre la seguridad fronteriza. Sin embargo, señaló que el Título 42 se puso en marcha para combatir el covid-19 y «la actual crisis fronteriza no es una crisis de covid».
«Los tribunales no deberían estar en el negocio de perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia solo porque los funcionarios electos no han podido abordar una emergencia diferente», escribió Gorsuch.
Desde marzo de 2020, el Título 42 ha permitido que los agentes fronterizos de EE.UU. puedan rechazar de inmediato a los migrantes que cruzan la frontera sur, bajo el argumento de prevenir el covid-19.
Defensores de los derechos de los inmigrantes y expertos en salud pública han denunciado durante mucho tiempo el uso de esta autoridad de salud pública en la frontera sur de EE.UU., al argumentar que representa un pretexto inapropiado para prohibir la entrada de inmigrantes al país. En casi tres años, la autoridad se ha utilizado más de 2 millones de veces para rechazar a los migrantes, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).
En la frontera, los migrantes llevan meses esperando dentro de campamentos en México, anticipando el fin del Título 42 para poder hacer su solicitud de asilo en EE.UU. Los defensores de inmigrantes han tratado de difundir actualizaciones e información, pero la desesperación ha crecido, especialmente a medida que bajan las temperaturas.
El Paso, Texas, ha estado en el centro de la crisis a medida que miles de migrantes han cruzado esa región de la frontera. La ciudad abrió refugios administrados por el gobierno en su centro de convenciones, hoteles y varias escuelas en desuso para atender a quienes llegan, pero algunos todavía han tenido que dormir en las calles en medio de las bajas temperaturas.
El Departamento de Seguridad Nacional ha implementado un plan de acción para cuando termine el Título 42, que incluye aumentar los recursos a la frontera, apuntar contra los traficantes y trabajar con socios internacionales.
La procuradora general Elizabeth Prelogar reconoció ante la Corte Suprema la semana pasada que volver a los protocolos tradicionales a lo largo de la frontera implicaría un desafío, pero dijo que ya no hay una base para mantener las reglas de la pandemia de covid-19.
“El gobierno de ninguna manera busca minimizar la gravedad de ese problema. Pero la solución a ese problema de inmigración no puede ser extender indefinidamente una medida de salud pública que ahora todos reconocen que ha sobrevivido a su justificación de salud pública”, escribió Prelogar en una presentación ante la Corte Suprema.
Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles, que representan a familias sujetas al Título 42, subrayaron los peligros que enfrentan los solicitantes de asilo afectados por la orden y que fueron enviados de regreso a México.
