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Cuba retrasa la aprobación de su controvertida Ley de Comunicación Social

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El Parlamento cubano acordó este lunes retrasar el debate y aprobación de la controvertida Ley de Comunicación Social, que relega a la ilegalidad a los medios no estatales.

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), a propuesta del Consejo de Estado, decidió posponer el proceso legislativo de esta ley en la primera jornada del décimo período de sesiones de la actual legislatura.

El presidente de la ANPP, Esteban Lazo, explicó que el Consejo de Estado pidió retrasar su aprobación por la «complejidad» de la ley y los cambios a los que ha sido sometida últimamente, que no habían sido trasladados en su totalidad a los parlamentarios.

Lazo aseguró que esta «importante» normativa -que sería la primera del país en su ámbito- podría debatirse en febrero o marzo de 2023, una vez que se incluya una mayor cantidad de opiniones de especialistas y ciudadanos.

El proyecto de Ley de Comunicación Social afirma que los medios nacionales «son de propiedad socialista» y «no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad», lo que lleva a la ilegalidad a los medios digitales independientes.

La norma, que en su última versión contiene 101 artículos, prohíbe contenidos «para hacer propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos, con el objetivo de desestabilizar el Estado socialista de derecho».

También apunta que el sistema de comunicación social del país tiene el propósito de «fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de Cuba». 

Los denominados medios independientes son un grupo heterogéneo de periódicos digitales que no están en manos del Estado cubano y son críticos con el Gobierno y el sistema comunista en la isla.

Sus plantillas en el país se han ido reduciendo progresivamente en los últimos años debido a las presiones de la seguridad del Estado. La mayoría de sus sedes se encuentran en Miami (EE. UU.) y Madrid (España).

Este 1 de diciembre entró en vigor el nuevo Código Penal de Cuba, en el que se sanciona con hasta tres años de cárcel a «quien difunda noticias falsas» con el propósito de «perturbar la paz internacional o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano».

El programa de trabajo de la ANPP tenía previsto en este período de sesiones la discusión de seis leyes, esta entre ellas, dentro del plan de adaptación de la legislación nacional a las novedades introducidas por la Constitución de 2019. 



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