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Crecen las dificultades para presidente de Perú y su familia

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La sorpresiva elección del presidente Pedro Castillo trajo consigo la esperanza de un cambio en el inestable y corrupto sistema político de Perú, pero el profesor rural y neófito político se ha visto envuelto en votaciones parlamentarias para destituirlo y acusaciones de corrupción a tal grado que su presidencia se ha convertido en un ejercicio de supervivencia política.

Las probabilidades de que el líder izquierdista pudiera llevar a cabo una política emblemática, como la mejora de la educación o del sistema de salud, eran escasas desde el principio, dada la falta de apoyo en el Congreso, y se han evaporado a medida que se centra en mantenerse en el cargo y en la libertad de su familia.

En apenas poco más de un año en la presidencia, Castillo ha sobrevivido a dos votaciones en el Congreso para destituirlo, ha nombrado a más de 60 ministros en los 19 organismos que componen su gabinete y ha enfrentado seis investigaciones penales por acusaciones que van desde tráfico de influencias hasta plagio, una de las cuales ha llevado a una familiar cercana a la cárcel recientemente. Las investigaciones están en su fase inicial y no se han presentado cargos formales.

Castillo dice que no ha tenido ni un minuto de tregua desde que asumió el cargo y asegura que la élite política de Perú quiere que se vaya.

“No hablo como ellos, no me siento a esas mesas opulentas como ellos”, dijo ante personas reunidas en una comunidad remota en el desierto. Añadió que él venía desde abajo y que las acusaciones en su contra no lo van “a quebrar”.

Pero las tribulaciones de Castillo siguen un patrón en Perú, que recientemente tuvo tres mandatarios en una sola semana después de que uno fuera destituido por el Congreso y las protestas obligaran a su sucesor a renunciar. Casi todos los expresidentes peruanos que han gobernado desde 1985 han visto objeto de acusaciones de corrupción, algunos de ellos encarcelados o arrestados en sus mansiones. Uno se suicidó antes de que la policía pudiera detenerlo. Castillo derrotó a la hija de uno de esos presidentes, Alberto Fujimori, en las elecciones del año pasado.

Las investigaciones preliminares de la fiscalía contra Castillo son una novedad para un presidente en funciones en Perú, al igual que la detención preventiva de su cuñada por acusaciones de lavado de dinero.

La Constitución de Perú no dice específicamente si un presidente en funciones puede ser investigado por delitos, y en las últimas dos décadas los fiscales generales habían propuesto abrir investigaciones preliminares a tres mandatarios en funciones. En octubre de 2020 se abrió una contra el entonces presidente Martín Vizcarra, pero el fiscal general la congeló inmediatamente hasta el final del mandato presidencial.

Sin embargo, ahora hay una nueva fiscal general, Patricia Benavides, que ha prometido investigar cualquier acto delictivo, haya sido cometido por los más poderosos o por cualquier ciudadano ordinario.

Cuando asumió el poder, Castillo no sólo se enfrentaba un Congreso fragmentado y a su propia inexperiencia política, sino a una élite desconfiada molesta con sus controvertidas promesas de campaña, entre ellas la nacionalización de industrias cruciales.

Castillo era un profesor rural en uno de los distritos más pobres de Perú antes de mudarse al palacio presidencial. Su única experiencia de liderazgo antes de convertirse en presidente de la nación había sido la de encabezar una huelga magisterial en 2017.

Esa inexperiencia hace que algunos duden que sea el líder de una red de corrupción, como alegan sus críticos.

“Dicho eso, uno no puede examinar los antecedentes de Castillo y decir: ‘Hey, este tipo es honesto’. Así que, ¿cómo conciliamos ambas cosas?”, dijo Cynthia McClintock, profesora de ciencias políticas en la Universidad George Washington que ha estudiado ampliamente a Perú. “Lo que yo siento es que parte de él no entiende del todo lo cuidadoso que debería ser. O si simplemente pensaba que esta era la forma en que se hacen las cosas. En este momento no está claro”.

Cinco de las pesquisas en contra de Castillo están vinculadas a lo que los fiscales dicen era una red criminal encabezada por el presidente que incluía tráfico de influencias y otros delitos. Una sexta investigación lo acusa a él y a su esposa de cometer plagio en sus tesis de maestría hace una década.

Un caso involucra un contrato obtenido por un grupo de empresarios en 2021 para construir un puente. Las autoridades dicen que un informante afirma que el exministro de Transporte Juan Silva le dijo el año pasado que Castillo estaba “contento” cuando recibió 12.900 dólares después de que el contrato fue adjudicado. Silva es considerado prófugo.

En otro caso, los fiscales alegan que Castillo, su ex secretario personal y un exministro de Defensa solicitaron la promoción de varios funcionarios militares o policiales porque esos movimientos les redituarían dinero. Las autoridades dicen que tienen declaraciones del excomandante del Ejército José Vizcarra en las que alega que fue presionado para promocionar a personal militar cercano al gobierno.

Las autoridades también sospechan que Castillo obstruyó la justicia al destituir a un ministro del Interior que había conjuntado a un equipo para capturar a Silva y a uno de los sobrinos del presidente, que también está vinculado a la investigación sobre el contrato para construir el puente.

“Lo ideal sería que el presidente renunciara”, dijo Lady Camones, presidenta del Congreso de Perú, el mes pasado. “Se le ha pedido… Sería el escenario ideal, pero esperemos en todo caso que la evaluación la haga el presidente”.

En una investigación preliminar aparte, agentes de la fiscalía general ingresaron el mes pasado al palacio presidencial de Lima para arrestar a Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, a la que él crio y considera una hija. Buscaron debajo de la cama del mandatario y en los armarios de su habitación, según un informe del allanamiento obtenido por The Associated Press.

Paredes se entregó al día siguiente. Posteriormente un juez falló que puede permanecer detenida hasta febrero de 2025 en lo que las autoridades investigan su presunta participación en lavado de dinero.

“No les importa quebrar a la familia. No les importa dejar a nuestros hijos huérfanos; se ha diseñado una situación con la finalidad de quebrarnos”, manifestó Castillo.

El abogado de Paredes, José Dionicio, dijo que los fiscales no tienen evidencia contra su cliente.

El historiador Charles Walker, director del Instituto Hemisférico para las Américas de la Universidad de California, campus Davis, dijo que la posición de Castillo es un reflejo de la arraigada corrupción que rodea al gobierno y de una oposición implacable que siente que está perdiendo poder.

“Es una tormenta perfectamente lamentable”, dijo Walker. “Parece que, alrededor de él, hay un círculo de personas que están obteniendo contratos, haciendo trabajo deficiente; o sea, corrupción clásica, casi tradicional”.

Pero por otro lado, se tiene a esta ala derechista que siente que está en Vietnam, que los ultraizquierdistas se han hecho del poder… y hay esta paranoia increíble. Creo que esto casi necesita una explicación psicológica, porque la mayor parte de los beneficios que reciben siguen intactos; a la economía de élite le está yendo bastante bien”.



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